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El saneamiento y la depuración de las aguas residuales de una población es a la vez un servicio público básico y una medida para aliviar de presiones contaminantes sobre medio
El saneamiento y la depuración de las aguas residuales de una población es a la vez un servicio público básico y una medida para aliviar de presiones contaminantes sobre medio. Para poder proporcionar el servicio se necesita de una serie de instalaciones, de unos prestadores y de unos usuarios dispuestos a sostenerlo. Todo ello conlleva una amplia variedad de aspectos y actividades que requieren ser reguladas y controladas con la intervención de diferentes instituciones, lo que genera un espectro normativo e institucional muy amplio.
La recogida y tratamiento de las aguas residuales es una necesidad ineludible para la conservación y uso racional de los recursos hídricos. En España, a partir de la aprobación dela Directiva 91/271, se produjo el gran desarrollo de la depuración a través de sucesivos planes de saneamiento estatales y autonómicos. Sin embargo, a pesar de la gran evolución de estos años, quedan todavía actuaciones por abordar, sobre todo en el rango de las menores poblaciones y existen aspectos por mejorar, como la optimización energética de las instalaciones, la fiabilidad de los rendimientos, la gestión de pluviales o la estabilización de fangos. Pero además, nuestras grandes instalaciones empiezan a llegar a su vida útil y debemos actualizarlas, ampliarlas y mejorarlas, todo ello desde la nueva perspectiva de la economía circular, donde la depuración no ha de ser solo un mecanismo para evitar la descarga de contaminantes al medio, sino que los residuos deben recuperarse e integrarse nuevamente en el ciclo productivo.
